La escasez de medicamentos y la lucha política —y electoral— en Colombia
Por Jennifer Cardona Malaver*
La situación de la escasez de medicamentos en Colombia desde finales de 2023, tras los debates en la Cámara de Representantes sobre la reforma del sistema de salud del gobierno, se ha convertido en un campo de batalla político y económico donde convergen diversos intereses, estrategias de la élite nacional y narrativas electorales, todas ellas diseñadas para remodelar el poder del Estado a costa de los colombianos. 2026 es un año electoral decisivo para Colombia. El 7 de agosto habrá un nuevo presidente.
En este contexto, la falta de medicamentos no ha sido solo un fallo logístico, sino que ha servido como táctica de presión en el debate sobre la reforma del sistema de salud: actores como las Empresas de Promoción de la Salud (EPS) y los distribuidores farmacéuticos usaron la escasez como moneda de cambio, paralizando el flujo de medicamentos ante reformas que podrían alterar sus márgenes de ganancia y sus modelos de negocio. Esta estrategia de «asfixia controlada» se agravó en los últimos dos años por la acumulación de millones en deuda por parte de las EPS, lo que obligó a los laboratorios a cortar el suministro; la concentración del mercado de distribución, que eliminó la competencia; y, por último, los intentos del gobierno de centralizar las compras, lo que causó más malestar en el sector privado.
La gravedad de la situación salió a la luz cuando la Superintendencia de Salud, durante sus inspecciones de 2025, encontró toneladas de medicamentos almacenados y a punto de caducar en bodegas privadas, revelando que el problema no era la falta de suministro, sino más bien el acaparamiento estratégico de existencias y la interrupción del ciclo de pagos —lo que convirtió a la salud pública en una moneda de cambio en la lucha por el control del sistema.
En grandes ciudades como Bogotá y Medellín, las colas interminables para conseguir medicamentos se han vuelto algo habitual. Cientos de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer y VIH), se han visto obligados a suspender sus terapias esenciales porque no están recibiendo medicamentos de los distribuidores farmacéuticos ni de las Empresas de Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el gobierno ha asignado los fondos necesarios y autorizado las compras correspondientes, hay quejas y declaraciones públicas —como las del presidente Petro y varios análisis del sector de la salud— que indican que algunas EPS han retenido los pagos anticipados y no han transferido los fondos a los proveedores farmacéuticos. Para 2025, el sistema había acumulado una deuda de más de 24 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones corresponden específicamente a la cartera farmacéutica; sin embargo, esta cifra no refleja necesariamente una falta de recursos estatales, sino más bien un mecanismo de bloqueo financiero que impide que los medicamentos lleguen efectivamente a los pacientes.
Las barreras burocráticas para las autorizaciones, la dependencia de las importaciones y las prácticas monopolísticas de las grandes empresas farmacéuticas han creado una estructura de resistencia que el gobierno ha intentado desmantelar, llegando incluso a activar mecanismos legales para flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual y garantizar el acceso a los medicamentos esenciales. A pesar de estos esfuerzos por derribar barreras institucionales y asegurar recursos, las organizaciones de pacientes, que representan a más de 200 entidades, han señalado que la persistencia de la escasez en entre el 8 % y el 41 % de los centros de salud (hospitales, clínicas, puestos de salud) no se debe a una falta de voluntad o de financiamiento estatal, sino más bien a decisiones de gestión intermedia —por parte de las EPS— y a dinámicas de mercado que, en ocasiones, parecen priorizar la rentabilidad comercial por encima de la continuidad de la atención.
Además, esta situación tiene su origen en diversos factores, no solo en el contexto nacional, sino también en el panorama global.
Los monopolios y la geopolítica del suministro de salud
La dependencia de las importaciones, las regulaciones internacionales sobre la producción y comercialización de medicamentos, y la concentración de la producción en unas pocas manos —los monopolios globales— se utilizan como mecanismo para presionar a los países con dependencias en materia de salud, como es el caso de Colombia.
El sistema colombiano sigue estando profundamente subordinado a los monopolios farmacéuticos internacionales que controlan la producción y fijan los precios de los medicamentos esenciales. Esta dependencia limita la capacidad del Estado para negociar precios justos o garantizar un suministro estable.
En el contexto político-electoral actual, candidatos como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia proponen fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, prometiendo garantizar el suministro de medicamentos a través de tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales. Esas narrativas refuerzan la idea de que la única forma de conseguir medicamentos es integrándose plenamente en las cadenas de valor globales dominadas por Occidente, rechazando la diversificación de proveedores (por ejemplo, con Brasil, Argentina, China o India) o la posibilidad de que el país recupere su capacidad para producir medicamentos.
Al gobierno nacional se le acusa constantemente de fomentar una burocracia excesiva para justificar la desregulación. La propuesta de ciertos sectores, principalmente los del mercado farmacéutico, ha sido eliminar las barreras de entrada para que las grandes empresas farmacéuticas puedan operar con menos supervisión, lo que en la práctica consolidaría aún más su poder de mercado y su capacidad para fijar precios, bajo la premisa de que el mercado se regula a sí mismo. Y, por supuesto, sin tener en cuenta el derecho a la salud y el acceso justo a las tecnologías esenciales de salud pública para toda la población.
La escasez como herramienta de desestabilización política
El sector farmacéutico privado y los actores de las clases políticas tradicionales forman parte de una red de influencia que busca mantener el statu quo de los altos márgenes de ganancia.
En los últimos años, se ha notado un aumento en las actividades de cabildeo para bloquear iniciativas que promueven la producción local de medicamentos genéricos o fortalecen el poder de negociación del Estado. De hecho, la escasez a la que nos referimos suele ser el resultado de una decisión política de los actores de la cadena de suministro de retener la autorización para la distribución de medicamentos y mantenerlos almacenados. La burocracia que a menudo se critica es, en realidad, un mecanismo para proteger los intereses de quienes ya dominan el mercado.
Además de esto, actores externos han estado usando las crisis ambientales y de derechos humanos para frenar proyectos industriales locales que podrían reducir la dependencia de las importaciones farmacéuticas, lo que allanaría el camino hacia la soberanía sanitaria. En este sentido, la derecha y la extrema derecha en Colombia adoptan esta retórica para argumentar que la soberanía es una excusa para el atraso, y que la verdadera independencia proviene de la integración económica global. Aunque solo se refieren a la integración con las grandes potencias mundiales, porque los acuerdos bilaterales con países de la región como Brasil, México, Cuba o Argentina nunca han sido una opción.
La crisis genera un descontento masivo que, aunque surge de las necesidades legítimas de la gente respecto a sus condiciones de salud y enfermedades, es canalizado políticamente por la oposición para exigir la caída del gobierno actual. Los candidatos de derecha y los sectores empresariales (como los representantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y las asociaciones farmacéuticas) han presentado una narrativa que presenta la escasez como una guerra contra el pueblo orquestada por la incompetencia del gobierno.
Y, ante la urgencia de la crisis de medicamentos, se están presentando propuestas que, en tiempos normales, serían impopulares. La propuesta de privatizar la gestión de la adquisición y distribución de medicamentos —como sugieren algunos candidatos— se está vendiendo como la única solución rápida, ignorando los riesgos de fragmentar aún más el sistema y perder el control público sobre los precios, al tiempo que se sigue consolidando la privatización y comercialización del sistema de salud de Colombia, favoreciendo así la acumulación de riqueza.
Se argumenta que la regulación de precios y la priorización de la soberanía sanitaria han alejado a las grandes multinacionales farmacéuticas, lo que las ha llevado a reducir la distribución de tecnologías de salud o a dejar de invertir en la cadena de suministro local.
Desacreditar el compromiso del gobierno actual con la soberanía en materia de salud —presentándolo no como una necesidad de salud pública, sino como parte de una agenda ideológica que pone en peligro la vida de los ciudadanos— forma parte de una estrategia destinada a movilizar al electorado de clase media y alta, así como a los sectores urbanos preocupados por la estabilidad económica.
Las elecciones presidenciales de mayo de 2026 se están presentando como un referéndum sobre dos modelos opuestos. Por un lado, un modelo de salud que defiende la soberanía en materia de salud y busca reducir la dependencia externa, promover la producción nacional de medicamentos y tecnologías de salud, regular los precios, fomentar la investigación aplicada en salud y fortalecer el papel del Estado como garante de la salud. Por otro lado, un modelo de integración global que propone desregular el mercado, atraer inversión extranjera directa, eliminar los controles de precios de los medicamentos y confiar en la eficiencia del sector privado para resolver la escasez, al tiempo que se alinea geopolíticamente con EE. UU. y Europa.
La escasez de medicamentos en Colombia es un síntoma de una lucha más profunda por el control del Estado y su capacidad de planificación. Los actores de la derecha y del sector privado son los artífices de esta crisis, no solo para ganar votos, sino para impulsar la reconfiguración de la arquitectura económica del país, fomentando el debilitamiento de la capacidad del Estado para intervenir en el mercado y buscando consolidar un modelo en el que la salud dependa de la lógica lucrativa de las grandes corporaciones globales.
Ante este escenario de estancamiento estructural, la respuesta política no puede limitarse a la retórica electoral. Se requieren intervenciones técnicas inmediatas que el Estado tenga la capacidad de implementar sin esperar a grandes cambios legislativos: la activación de poderes extraordinarios para importar medicamentos genéricos de fuentes alternativas, la intervención estatal directa en la logística de distribución para eliminar a los intermediarios especulativos y la transparencia total de precios.
* Jennifer Cardona Malaver: Enfermera, Magister en Salud Pública. Coordinadora del MSP Colombia y coordinadora para América Latina del proyecto de farmacéutica pública