Columna: Un gran saqueo genético puede ser legitimado en la COP16

Sin salvaguardias sólidas, el mecanismo multilateral de información sobre secuencias digitales podría ahondar la brecha entre países en desarrollo y desarrollados

Versión extendida y traducida de Down to Earth 
Columna de Nithin Ramakrishnan
Investigador principal en Third World Network (TWN)

Esta situación refleja el arraigado legado del saqueo colonial que tuvo lugar a la llegada de Colón a las Américas en la década de 1490, con una Carta que le otorgaba el derecho a "descubrir y conquistar" tierras y pueblos. Más de 500 años después, Vandana Shiva calificó la monopolización corporativa de los recursos genéticos a través de los derechos de propiedad intelectual como "la segunda venida de Colón". Tanto en la década de 1490 como en la de 1990, el "control sobre los recursos" fue asumido por los colonizadores, que justificaron dicha toma como necesaria para la "mejora" de los recursos. 

El mecanismo propuesto corre el riesgo de permitir una "tercera venida de Colón" al legitimar el "intercambio y uso irresponsable" de eses informaciones a través de bases de datos controladas por los países desarrollados, justificando las mismas "prácticas irresponsables" como importantes para mantener un conjunto de datos globalmente integrado para los investigadores de todos los países. Si la COP16 no toma las decisiones adecuadas, se legitimará otro gran saqueo de genes. 

Biopiratería digital: Explotación de recursos genéticos mediante tecnología digital 

La biopiratería se refiere a la práctica de investigadores u organizaciones que extraen recursos genéticos en contra de las normas y estándares establecidos en el CDB, es decir, accediendo y llevando a cabo actividades de investigación y desarrollo y monopolizando los resultados de esas actividades, principalmente a través de la propiedad intelectual sin el consentimiento fundamentado previo y sin compartir los beneficios derivados de la investigación. La biopiratería digital hace referencia al uso de tecnologías e infraestructuras digitales, como las bases de datos de secuencias, para eludir el consentimiento fundamentado previo y los requisitos de participación de beneficios en la utilización de los recursos genéticos y monopolizar los resultados de la investigación a través de la propiedad intelectual.

Un académico resumió la situación en Harvard International Law Journal: "se están utilizando y patentando enormes cantidades de lo que se denomina información digital de secuencias (DSI), sin permiso de los países propietarios de los recursos genéticos de los que proceden las secuencias".

En términos generales, la información digital de secuencias consiste en datos de secuencias genéticas obtenidos mediante la secuenciación del ADN o el ARN de plantas, animales, microbios etc. Con los avances de la biología sintética, una vez que esta información se ha extraído de los materiales genéticos y se ha puesto a disposición de los usuarios secundarios, éstos pueden utilizarla para la investigación y el desarrollo de productos sin necesidad de acceder a los materiales físicos. Además, es bien sabido que los investigadores utilizan la DSI para crear productos como vacunas, terapias y diagnósticos sin necesidad de acceder a materiales genéticos físicos. Por ejemplo, las vacunas contra el Ébola y Covid19, y medicamentos antivirales para infecciones por arenavirus se desarrollaron utilizando secuencias cargadas en bases de datos. Además, la amplia disponibilidad de DSI también conlleva el peligro de un uso no pacífico, como en el bioterrorismo.

En la actualidad, la propiedad y el control de las principales bases de datos DSI se concentran en unos pocos países desarrollados, que conservan el poder de establecer las condiciones de acceso y uso. Por ejemplo, estas bases de datos se han resistido durante décadas a incluir un campo obligatorio para el país de origen en los metadatos, controlando de hecho el acceso a dicha información y frustrando la capacidad de los países para buscar la participación de beneficios. Además, las prácticas actuales de las bases de datos no sólo comprometen la participación de beneficios, sino que descontextualizan y merman la soberanía nacional sobre los recursos genéticos. Además, quitan el control a los verdaderos propietarios de los materiales y la información genéticos, al tiempo que no garantizan el acceso a los científicos. Es interesante que tampoco garanticen el acceso abierto a todos los usuarios. Algunos de ellos incluso conservan el derecho a suspender unilateralmente el acceso a los usuarios. 

Curiosamente, las secuencias con alto valor comercial y riesgos significativos para la bioseguridad se almacenan y comparten de forma anónima a través de bases de datos en línea alojadas y financiadas principalmente por países desarrollados como Japón, EE.UU. y la UE. Estas bases de datos a menudo no respetan los derechos y las obligaciones del CDB o del Protocolo de Nagoya, ni rinden cuentas a las partes del CDB. Ni verifican si la IISD depositada procede de un material genético al que se haya accedido de conformidad con las normas de CFP y participación en los beneficios, ni comprueban si los remitentes cuentan con los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para poner la IISD a disposición del público. Del mismo modo, a menudo no imponen ninguna condición sobre la participación de beneficios mientras facilitan el acceso a la IISD. 

Esto significa que los países en desarrollo y sus comunidades pierden el control sobre cómo se utilizan sus recursos genéticos, lo que compromete su capacidad para obtener beneficios y mantener la seguridad nacional. Al mismo tiempo, los países desarrollados y/o sus gestores de bases de datos también podrían controlar en el futuro el grado de acceso que se proporciona a los investigadores de otros países. Un ejemplo que ilustra el punto anterior es la denuncia contra una base de datos DSI de patógenos, recomendada por la OMS y financiada por Alemania y otros países desarrollados, por su enfoque discriminatorio hacia científicos y usuarios. 

COP16: Continúa la batalla por el acceso y la participación de beneficios

El CDB y su Protocolo de Nagoya exigen la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluida la aplicación de la biotecnología. Los instrumentos no tratan la utilización a través de medios digitales de forma distinta a otras formas de utilización. Sin embargo, muchos países desarrollados y sus industrias eluden las obligaciones de participación en los beneficios, argumentando que la investigación que utiliza DSI es distinta de la utilización de recursos genéticos cubierta por el CDB. 

En la COP15 de Montreal, celebrada en diciembre de 2022, los países desarrollados acordaron finalmente estudiar mecanismos para compartir los beneficios derivados del uso de las IISD. Este acuerdo condujo a la propuesta de MLM, que ahora se está debatiendo en la COP16. Sin embargo, estos países están ahora dando marcha atrás, alegando que sólo acordaron una participación voluntaria de los beneficios.

El actual proyecto de decisión bajo la consideración MLM, propone hacer operativo un "Fondo Global" al que se "anima" a contribuir a los usuarios de DSI de las llamadas "bases de datos públicas". Aunque los países en vías de desarrollo pretenden que la GDM sea efectiva y obligatoria para los usuarios de DSI, los países desarrollados discrepan en todos los esfuerzos en este sentido.

El proyecto de decisión se desarrolla principalmente a partir de la Posición Europea, que sostiene que cuando los Estados ponen a disposición en una base de datos pública DSI procedentes de sus recursos genéticos, no surgen obligaciones adicionales de participación de beneficios para los usuarios de dichas DSI procedentes de bases de datos. Los usuarios pueden contribuir voluntariamente al MLM. 

El proyecto de decisión propone a las Partes que introduzcan políticas nacionales o cambios legales para animar a los usuarios de su jurisdicción a compartir las contribuciones monetarias al fondo mundial. Sin embargo, no es obligatorio que las Partes lo hagan, ni se espera que los cambios políticos obliguen a los usuarios a compartir beneficios. 

Al mismo tiempo, el borrador restringe a las Partes la imposición de medidas nacionales para compartir los beneficios derivados de la DSI en "bases de datos públicas", estipulando que tales medidas deben ser compatibles con el MLM y evitar la duplicación de pagos. En particular, no hay una definición clara de lo que constituye una "base de datos pública" ni se aclara si estas bases de datos serán responsables ante las Partes del CDB, a pesar de su papel central en la solución propuesta.

Esto llevaría a una situación en la que las empresas con sede en los países desarrollados podrían utilizar la DSI de todos los países a través de cualquiera de las bases de datos, que a menudo se colocan en dicha base de datos en violación de las leyes nacionales de ABS, y salirse con la suya mediante el pago de donaciones a MLM. El MLM propuesto, si se adopta de la forma en que la UE y sus aliados quieren, haría que todo el Protocolo de Nagoya y los principios fundamentales del CDB fueran redundantes. 

¿"Conjunto global de datos DSI" o "Gran saqueo genético"?

Se están utilizando dos narrativas erróneas para apoyar el modelo propuesto de MLM. En primer lugar, las bases de datos DSI públicas existentes están "abiertas a todos" y representan "recursos comunes globales", disponibles para todos. En segundo lugar, el argumento de que el valor de la DSI no reside en las secuencias individuales, sino en la capacidad de los investigadores para analizar grandes conjuntos de datos, el llamado conjunto de datos mundial de la DSI, lo que hace innecesario compartir los beneficios directamente con los países o comunidades proveedores. 

Como se ha demostrado anteriormente, la primera afirmación dista mucho de ser cierta, ya que las denominadas bases de datos públicas existentes están controladas por varias partes privadas y gobiernos. Sus decisiones unilaterales pueden afectar al acceso a los datos. Curiosamente, durante las negociaciones que adoptaron el CDB, los países desarrollados trataron de argumentar que los recursos genéticos son "patrimonio común de la humanidad", lo que fue rechazado, y ahora se esgrime el mismo argumento caracterizando los conjuntos de datos DSI como "recursos comunes mundiales" procedentes de un único ancestro universal. Al mismo tiempo, no quieren ninguna norma ni responsabilidad en el uso de la DSI y se oponen a la creación de bases de datos responsables a través de organizaciones internacionales. 

Además, la segunda narrativa es el clásico intento ingenioso de eliminar el valor real de los recursos biológicos, así como de los conocimientos tradicionales. Aunque los científicos comparan y analizan datos de forma rutinaria, no todos los datos tienen un impacto significativo en los resultados de la investigación. Hay varias solicitudes de patentes que revelan secuencias naturales y su país de origen, es decir, también hay productos basados en materiales genéticos identificados en el mercado. 

Así pues, las secuencias individuales y los países y comunidades que las proporcionan siguen teniendo valor más allá del análisis de datos a gran escala mediante IA o procesos como la optimización de codones. La segunda narrativa es ajena a este valor y pretende eliminar el control no solo sobre los recursos genéticos, sino también sobre la participación de beneficios a través del MLM. 

Tomemos como ejemplo el medicamento para el tratamiento de la EVE "Inmazeb", producido por Regeneron, aprobado por la agencia reguladora estadounidense FDA en octubre de 2020. Este producto utiliza la cepa del virus del Ébola procedente de Guinea, un país de África Occidental. Regeneron ha recibido del gobierno estadounidense 45,9 millones de dólares para el programa de desarrollo terapéutico de anticuerpos contra el ébola, y hasta 756,4 millones de dólares de contrato para el almacenamiento nacional. Si se hubieran respetado las obligaciones de la participación justo y equitativo de los beneficios, todas las poblaciones afectadas por el ébola deberían haber recibido un acceso asequible a los productos lo antes posible y una parte de los beneficios de Regeneron debería haber ido a parar específicamente a Guinea. 

Sin embargo, el actual proyecto de decisión sobre MLM no ayuda a ambas formas de participación de beneficios. No incluye medidas prácticas para garantizar los beneficios globales reales, como los medicamentos producidos a partir de recursos genéticos. Al mismo tiempo, exige a los países en desarrollo que hagan contribuciones a la comunidad mundial: una parte de los beneficios monetarios que obtengan a través del APB. 

Si el argumento es que los países en desarrollo deberían contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial a partir de los beneficios que reciben, tal argumento pasa por alto las responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR) de los países desarrollados y en desarrollo en la protección de la biodiversidad. El hecho de que el MLM propuesto pueda transferir el control de los recursos genéticos de los países en desarrollo a los países desarrollados demuestra hasta qué punto los costes y la carga se trasladarán indebidamente a los países en desarrollo. 

En resumen, tanto los principios de soberanía nacional sobre los recursos naturales como el CBDR se ven socavados por el modelo propuesto de MLM. Sin medidas de rendición de cuentas y transparencia, seguirá siendo un instrumento que legitima la extracción no equitativa de recursos genéticos de los países en desarrollo.